Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del segundo semestre de 2013 y primer semestre de 2014 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una resolución que establece los precios del gas natural que deben usar los productores de electricidad en las islas españolas (territorios no peninsulares) para calcular cuánto cuesta generar la electricidad durante el segundo semestre de 2013 y el primer semestre de 2014. El precio se calcula usando datos reales de coste de compra del gas, su calidad energética y la cantidad consumida cada mes. **¿A quién afecta?** Afecta a las centrales eléctricas que generan electricidad en las islas (Baleares, Canarias y otros territorios no peninsulares) y que funcionan con gas natural. Estos generadores deben usar los precios fijados en esta resolución para determinar cuánto cobrar por la electricidad que producen. **¿Qué cambia o establece?** Fija un precio diferente para cada mes del periodo, basado en el coste medio mensual de compra del gas natural. Por ejemplo, en julio de 2013 el coste era de 25,92 €/MWh y en junio de 2014 de 23,44 €/MWh. Además, establece que a partir de septiembre de 2015 el precio para operaciones será de 392,05 euros por tonelada, y que será el mismo para todos los generadores de cada isla.
💬 Contexto ciudadano
Esta resolución cierra administrativamente la fijación retrospectiva de precios del gas natural en sistemas eléctricos insulares españoles, un mecanismo compensatorio específico para Baleares y Canarias cuyo aislamiento geográfico genera costes de generación superiores a la península. Mientras que el sistema peninsular aplica precios de mercado mayorista, los territorios no peninsulares cuentan desde la Ley del Sector Eléctrico con un régimen especial que reconoce el sobrecoste de transportar combustible, fijando precios retrasados según costes reales incurridos. La aproximación española, más protectora que otros sistemas descentralizados europeos, busca evitar que el consumidor insular pague tasas desproporcionadas por su ubicación. Para el ciudadano de Baleares y Canarias, estas resoluciones —aunque de aplicación técnica— determinan indirectamente el precio final de la electricidad, compensando parcialmente la desventaja estructural de la geografía insular mediante un sistema que otras comunidades autónomas peninsulares no requieren.