Real Decreto-leyNacionalvigente

Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015.

BOE-A-2015-13383Publicada: 10/12/2015CORTES GENERALES

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una decisión del Congreso de los Diputados del 1 de diciembre de 2015 que aprueba y confirma un decreto de urgencia (Real Decreto-ley 12/2015) que el Gobierno había puesto en marcha el 30 de octubre de 2015 para actuar rápidamente sin esperar a los trámites legislativos normales. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos y territorios de Canarias y de las zonas del sur y este de España que sufrieron daños por tormentas de lluvia durante septiembre y octubre de 2015. **¿Qué cambia o establece?** Aprueba las medidas urgentes que el Gobierno ya había puesto en práctica para reparar y compensar los daños causados por aquellos temporales. Al ser convalidado por el Congreso, el decreto queda oficialmente validado y sus medidas se mantienen en vigor.

💬 Contexto ciudadano

Los Decretos-ley constituyen un instrumento de urgencia previsto en la Constitución de 1978, requiriendo convalidación posterior por el Congreso —mecanismo empleado también por otras CCAA en sus respectivos ordenamientos—. Ante desastres naturales, la normativa estatal española ha operado históricamente mediante procedimientos administrativos ordinarios de reparación, mientras que directivas de la UE establecen marcos de protección civil sin especificar procedimientos urgentes domésticos. La convalidación del Decreto-ley 12/2015 representa la aprobación parlamentaria de medidas extraordinarias necesarias tras los temporales de septiembre-octubre 2015 en Canarias y territorios meridionales. Este instrumento resulta crítico para ciudadanos afectados, permitiendo agilizar compensaciones y reparaciones sin demoras legislativas ordinarias.

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