Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden que modifica las reglas sobre los pesos y tamaños máximos de los vehículos pesados que circulan en las carreteras españolas. Introduce una nueva categoría llamada "configuración euro-modular" para permitir que ciertos conjuntos de vehículos acoplados superen los límites normales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las empresas de transporte y a las personas o empresas que contratan servicios de transporte de mercancías. También afecta a los órganos competentes en tráfico, que son los encargados de autorizar estos transportes especiales. **¿Qué cambia o establece?** Permite que conjuntos de vehículos en configuración euro-modular circulen con una masa máxima de 60 toneladas y una longitud máxima de 25,25 metros, pero solo con autorización especial previa del órgano de tráfico. No se permite para transporte de mercancías peligrosas. Los recorridos deben transcurrir preferentemente por autopistas y autovías. Estos límites superiores se justifican porque reducirían el número de vehículos en circulación, ahorrando combustible, emisiones y mejorando la seguridad vial.
💬 Contexto ciudadano
La Orden PRE/2788/2015 representa una apertura en la normativa española respecto a los límites tradicionales de 40 toneladas establecidos desde 1998, alineándose con directivas europeas que permitían experimentación con vehículos "euro-modulares" para optimizar la logística. Mientras que la mayoría de Estados miembros de la UE adoptaron paulatinamente estos estándares de 60 toneladas tras la Directiva 96/53/CE modificada, España se sumó posteriormente con esta autorización condicionada. El mecanismo de aprobación previa por órganos de tráfico diferencia la posición española, siendo más restrictiva que Francia o Alemania pero menos que países bálticos. Para el ciudadano, implica potencialmente menores costes de transporte y emisiones de carbono, aunque limita la circulación a infraestructuras principales, compatibilizando eficiencia logística con seguridad vial.