Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Este Real Decreto regula el procedimiento para que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitan informes periciales a solicitud de particulares en reclamaciones extrajudiciales relacionadas con accidentes de tráfico. Permite que los médicos forenses realicen pericias sobre valoración del daño corporal fuera del ámbito judicial, como parte de un sistema alternativo de resolución de conflictos entre víctimas y aseguradoras. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas perjudicadas por accidentes de circulación que soliciten pericias, a las entidades aseguradoras (incluido el Consorcio de Compensación de Seguros) cuando participen en estos trámites, y a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de todo el territorio nacional que deben ejecutar estas pericias. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la solicitud de pericia puede ser presentada de común acuerdo por la aseguradora y la víctima, o por la víctima sola. El instituto competente es el del domicilio de la víctima o del lugar del accidente, a elección de quien solicita. Fija un procedimiento común para la elaboración de informes en todo el Estado, regulando plazos, requisitos y calidad de las pericias. Autoriza la fijación de un precio público por estas pericias, que será determinado por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas según sus competencias.
💬 Contexto ciudadano
Antes de este Real Decreto, las pericias en reclamaciones extrajudiciales de tráfico carecían de marco regulador uniforme, generando disparidades territoriales entre comunidades autónomas. Esta norma establece un procedimiento común a nivel nacional que permite a los institutos de medicina legal expedir informes estandarizados en resolución alternativa de conflictos entre víctimas y aseguradoras, alineándose con las políticas de acceso a la justicia de la UE. Aunque constituye normativa estatal vinculante, su implementación requiere colaboración de las CCAA en la fijación de precios públicos. Su relevancia para el ciudadano es considerable: protege a las víctimas de accidentes de tráfico garantizando pericias de calidad profesional, reduce significativamente los costes de litigios y acelera procesos de compensación, permitiendo resolver indemnizaciones sin necesidad de procedimientos judiciales prolongados.