Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación del Real Decreto 2200/1995 que regula la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Los cambios afectan principalmente a dos tipos de organismos: los organismos de control (que verifican la seguridad de productos e instalaciones) y los organismos de normalización (que elaboran normas técnicas). El cambio central es eliminar la necesidad de autorización administrativa previa para estos organismos y reemplazarla por un sistema de acreditación seguido de una declaración responsable. **¿A quién afecta?** Afecta a los organismos de control que operan en España verificando la seguridad industrial de productos e instalaciones, y a los organismos de normalización privados que elaboran normas técnicas. Afecta también a cualquier empresa o entidad que necesite acreditar su competencia técnica, independencia e imparcialidad en estas materias para poder ejercer su actividad en todo el territorio español y, potencialmente, en la Unión Europea. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la competencia técnica se evalúe exclusivamente mediante acreditación (realizada conforme a criterios claros, objetivos y no discriminatorios, válida en todo el país). Una vez acreditados, los organismos presentan una declaración responsable ante la autoridad competente de industria, lo que les habilita automáticamente para ejercer sin necesidad de autorización previa. Esta acreditación constituye garantía de la unidad de mercado y facilita el libre acceso a estas actividades de servicios.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta reforma, los organismos de control y normalización necesitaban autorización administrativa previa del Estado para operar, un mecanismo que limitaba el acceso al mercado y generaba rigidez administrativa. El RD 1072/2015 sustituye este sistema por acreditación técnica seguida de declaración responsable, alineándose con las directivas europeas sobre libertad de establecimiento y servicios que buscan eliminar barreras innecesarias. Esta norma, aprobada a nivel estatal, armoniza el marco regulatorio español con el europeo, donde la mayoría de países ha adoptado sistemas similares basados en acreditación. Para el ciudadano importa porque reduce los costos indirectos de los servicios de control de seguridad, al permitir mayor competencia y eficiencia en estas actividades esenciales.