Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una Resolución del Ministerio de Defensa que aprueba y publica un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. El protocolo fue aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2015. **¿A quién afecta?** A todos los miembros de las Fuerzas Armadas (personal militar de todas las escalas y categorías) y a las instituciones militares del Ministerio de Defensa. **¿Qué cambia o establece?** Establece un protocolo que crea la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA), un órgano independiente de la cadena de mando para recibir denuncias de forma voluntaria. Define medidas preventivas mediante formación y sensibilización para evitar situaciones de acoso. Establece medidas de protección con procedimientos de denuncia, investigación y sanción de conductas de acoso. Garantiza asistencia integral a las víctimas: apoyo médico, psicológico, asesoramiento legal, social y profesional. Crea un sistema de seguimiento de casos y recopilación de datos estadísticos trimestrales. Promueve una cultura de "tolerancia cero" frente al acoso en la organización militar.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta Resolución, las Fuerzas Armadas carecían de un protocolo estructurado y público contra el acoso sexual, dejando a las víctimas desprotegidas y dependientes de canales informales. Este instrumento se alinea con la Directiva 2006/54/CE de igualdad de trato comunitaria y la Ley 3/2007 de igualdad estatal, trasladando estas obligaciones al ámbito castrense, donde la mayoría de CCAA no tienen regulaciones específicas. El Gobierno ha establecido un estándar que otras administraciones públicas aún no replican con igual alcance, creando la UPA como órgano independiente de la cadena de mando. Para el ciudadano, importa porque garantiza que el personal militar—sector vulnerable a abuso de poder—dispone de mecanismos de denuncia protegidos, asistencia integral a víctimas y tolerancia cero institucional, mejorando la confianza en una institución crucial para la seguridad y consolidando derechos fundamentales en un entorno históricamente opaco.