Ley 11/2015, de 23 de diciembre, de quinta modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que modifica la normativa que regula las elecciones al Parlamento Vasco. Adapta esa normativa anterior a cambios en las leyes estatales sobre elecciones y a experiencias acumuladas en procesos electorales previos. Busca mejorar aspectos técnicos y procedimentales del sistema electoral vasco. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos que votan en elecciones al Parlamento Vasco, a los candidatos y partidos que participan en esas elecciones, a las personas que forman parte de las mesas electorales, a los medios de comunicación privados que dan cobertura electoral, y a los órganos electorales que supervisan el proceso. **¿Qué cambia o establece?** Amplía la edad máxima para ser miembro de mesa electoral a 70 años sin obligación. Prohíbe publicidad y propaganda electoral mediante carteles e inserciones en prensa durante la precampaña, reduciendo gastos en un 20 %. Limita las campañas institucionales del Gobierno a información sobre el voto y procedimiento electoral. Establece nuevas reglas para medios privados en campaña. Facilita el voto de personas con discapacidad visual y permite depositar directamente la papeleta en la urna. Añade nuevas causas de inelegibilidad para dirigentes de sociedades públicas vascas. Prohíbe campañas institucionales sobre logros de obras públicas durante el proceso electoral.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta reforma, la normativa electoral vasca carecía de límites claros en publicidad precampaña y restricciones a campañas institucionales, permitiendo mayor gasto no regulado e influencia de gobiernos entrantes. Esta ley quinta responde a estándares progresivos de transparencia electoral consonantes con directivas europeas sobre financiación política: mientras comunidades autónomas como Cataluña y Galicia ya regulaban estas prácticas, Euskadi se alineaba tardíamente. El Parlamento Vasco la aprobó como evolución desde elecciones de 2012, aunque sectores cuestionaban limitaciones a libertad de expresión publicitaria. Su relevancia ciudadana es sustancial: reduce manipulación electoral mediante propaganda institucional, facilita voto a personas con discapacidad, modera gastos que presionan al erario público y fortalece igualdad de oportunidades entre candidatos, importancia creciente en democracias europeas para evitar desigualdad informativa y distorsión electoral.