Ley 17/2015, de 4 de diciembre, por la que se deroga la Ley 2/2000, de 8 de junio, del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Extremadura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley deroga la Ley 2/2000, que había creado el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Extremadura. El Consejo Asesor fue un órgano de participación de la comunidad autónoma en RTVE, encargado de asesorar al delegado territorial de RTVE y representar los intereses de Extremadura ante la empresa pública de radio y televisión. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Extremadura, que pierden su condición al entrar en vigor esta ley. También afecta a cualquier ente financiador externo que hubiese aportado dinero con fines específicos al Consejo, que recibirá la devolución automática de esas aportaciones. **¿Qué cambia o establece?** Se disuelve el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Extremadura porque la ley que lo creó se basaba en una norma nacional ya derogada y porque el organismo público de RTVE al que asesoraba ha sido disuelto y reemplazado por una nueva estructura que no contempla la figura del delegado territorial. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 17/2015 disuelve un órgano de participación regional en RTVE que había funcionado desde 2000, reflejando la restructuración integral de la radiotelevisión pública española tras la Ley 8/2009 estatal, que eliminó los delegados territoriales. Mientras que algunas comunidades autónomas mantienen consejos asesores en medios audiovisuales, Extremadura optó por la derogación completa ante la obsolescencia de su marco jurídico. La norma responde a cambios estatales irreversibles en la gobernanza de RTVE, afectando principalmente a los consejeros extremeños que pierden representación institucional. Para los ciudadanos extremeños implica la pérdida de un canal formal de participación en las decisiones de RTVE sobre contenidos y servicios regionales, concentrando más poder decisorio en estructuras estatales.