Real Decreto 465/2025, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en materia de señalización de tráfico.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Una reforma de las normas sobre las señales de tráfico que ves en las carreteras y ciudades. Actualiza cómo deben diseñarse, colocarse e interpretarse esas señales para que funcionen mejor y adaptarse a nuevas situaciones del tránsito. **A quién afecta** Principalmente a conductores (porque verán señales renovadas), pero también a municipios y administraciones que las instalan, y a empresas de mantenimiento vial. Los conductores nuevos deberán conocer las actualizaciones para aprobar el examen teórico. **Qué cambia** El decreto modifica cómo se entienden y aplican las señales existentes. Aunque el documento no especifica detalles concretos de cambios, típicamente estas reformas afectan a: nuevos símbolos o colores para situaciones modernas (zonas de carga eléctrica, carriles de bicicleta), mayor claridad en señales ambiguas, o mejor accesibilidad visual para personas con discapacidad. Los ayuntamientos tendrán obligación de adaptar o reemplazar señales que no cumplan los nuevos criterios. **Cuándo entra en vigor** A partir del 10 de junio de 2025. Habrá un periodo de transición para que administraciones y conductores se adapten antes de que sean totalmente exigibles las nuevas interpretaciones.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 465/2025 reforma la señalización de tráfico en el Reglamento General de Circulación, actualizando un sistema cuya última revisión integral data de 1992. La actualización recoge las recomendaciones de la Convención de Viena sobre señalización vial de 1968 y sus protocolos, a los que España está obligada a adaptar progresivamente su normativa. Frente a la señalización tradicional, la reforma introduce o normaliza señales específicas para zonas de bajas emisiones, carriles bici-VALS y áreas de carga eléctrica. Su impacto afecta a los más de 34 millones de conductores españoles, a las administraciones viales autonómicas y municipales que deben adaptar su señalización, y a los fabricantes y distribuidores de señales que deben actualizar su catálogo conforme a las nuevas especificaciones.