Decreto-ley Foral 1/2025, de 7 de mayo, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de personal para la reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas de Navarra.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un decreto que permite a la administración pública de Navarra convertir empleos temporales en fijos de forma acelerada. Es una medida excepcional para acabar con la precariedad laboral en el sector público navarro, donde muchas personas llevan años con contratos que se renuevan constantemente sin estabilidad. **A quién afecta** Principalmente a trabajadores temporales de organismos públicos navarros (ayuntamientos, diputación, consejerías, hospitales). También impacta en autónomos colaboradores y empresas proveedoras que trabajaban con estos organismos, pues cambia cómo se gestiona el personal. La administración es la que debe aplicar estas medidas. **Qué cambia** Los empleados temporales pueden acceder a puestos fijos sin esperar a oposiciones tradicionales. Se simplifican los procesos de selección para estabilizar a personas que ya conocen el trabajo. Esto significa más seguridad laboral: contratos indefinidos, prestaciones sociales, derechos laborales plenos. Para la administración, reduce costes de rotación y mejora la continuidad del servicio público. **Cuándo entra en vigor** Desde el 7 de mayo de 2025. Los organismos públicos navarros tienen plazo para identificar a los empleados temporales elegibles y tramitar las conversiones a fijos durante los meses siguientes.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto-ley Foral 1/2025 de Navarra adopta con carácter urgente medidas para reducir la temporalidad en el empleo público de la Comunidad Foral, en ejecución de la Ley 20/2021 estatal. La Comunidad Foral, con su régimen de Convenio Económico, dispone de herramientas normativas propias en materia de función pública que permiten procesos de estabilización diferenciados de los del resto del Estado. Antes de este decreto-ley, la temporalidad en algunos servicios navarros superaba los umbrales de riesgo conforme a la jurisprudencia del TJUE sobre abuso de la contratación temporal. La urgencia de la norma refleja la presión de sentencias judiciales que habían comenzado a declarar fijos a trabajadores temporales de larga duración, generando inseguridad jurídica para la administración foral.