Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se establecen las condiciones para el pago por vía telemática de las aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta norma establece las condiciones y procedimiento para que las personas y empresas puedan pagar sus aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española a través de internet, de forma voluntaria, como alternativa al pago presencial tradicional. El pago se realiza mediante la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que conecta con los sistemas de la Agencia Tributaria y entidades financieras colaboradoras. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los sujetos obligados a realizar aportaciones a la Corporación de Radio y Televisión Española, según la ley de financiación de esta corporación, así como a sus representantes legales. Estos pueden ser empresas, establecimientos públicos o cualquier otro sujeto definido en la ley como obligado a realizar estas aportaciones. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los pagos telemáticos requieren tener número de identificación fiscal, un documento de identidad electrónico o certificado electrónico válido, y una cuenta en una entidad financiera colaboradora. El procedimiento consiste en rellenar el formulario modelo 790 en la sede electrónica, realizar el pago a través de cargo en cuenta o tarjeta, y recibir un número de referencia que sirve como justificante. El pago es voluntario y no elimina el procedimiento ordinario.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución de 2016, la financiación de RTVE operaba exclusivamente mediante pagos presenciales, limitando la accesibilidad a contribuyentes. Esta medida se alinea con la modernización digital que la Administración Pública española implementaba en otros ámbitos tributarios, aunque llega después que iniciativas similares de pago de obligaciones fiscales. A diferencia de algunas comunidades autónomas que ya habían desarrollado sistemas telemáticos, RTVE dependía de procedimientos tradicionales, generando ineficiencias tanto para contribuyentes como para la gestión administrativa. Su importancia radica en democratizar el acceso al sistema de financiación pública audiovisual, facilitando el cumplimiento de obligaciones desde cualquier ubicación y mejorando la trazabilidad mediante certificación electrónica, aunque mantiene la voluntariedad para no forzar cambios abruptos en sujetos obligados.