Orden MinisterialNacionalvigente

Sentencia de 27 de enero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula la aplicación que efectúan el artículo 7 y el Anexo IV de la Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, del coeficiente alfa en el cálculo de la retribución de las empresas de distribución con menos de 100.000 clientes, en los términos que se expresan en su fundamento de derecho quinto.

BOE-A-2016-2949Publicada: 28/03/2016TRIBUNAL SUPREMO

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo de España dictada el 27 de enero de 2016 que anula parcialmente una orden ministerial de 2013. Concretamente, anula la forma en que se aplicaba el coeficiente alfa (un número usado para hacer cálculos) en la retribución de empresas de distribución de electricidad. Esta decisión surge de un recurso presentado por CIDE, la asociación que agrupa a los distribuidores de energía eléctrica. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a las empresas de distribución de electricidad que tienen menos de 100.000 clientes. Estas empresas son las que se vieron afectadas por la aplicación del coeficiente alfa en el cálculo de su retribución económica conforme a la orden de 2013 que el Tribunal Supremo anuló. **¿Qué cambia o establece?** Establece que no puede aplicarse el artículo 7 y el Anexo IV de la Orden IET/2442/2013 en los términos que allí se regulaban. Es decir, ese coeficiente alfa ya no se calcula ni aplica de la manera que indicaba esa orden anterior. La sentencia también determina que cada parte asume sus propios gastos sin condena al pago de costas.

💬 Contexto ciudadano

La Orden ministerial IET/2442/2013 reguló las retribuciones de las distribuidoras dentro del marco estatal establecido por sucesivas directivas europeas de electricidad (2009/72/CE), aplicable uniformemente en todas las comunidades autónomas. Aunque aprobada inicialmente por el Ministerio, la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 anula parcialmente esta orden tras recurso de CIDE, estimando que el coeficiente alfa vulneraba derechos de las distribuidoras pequeñas (menos de 100.000 clientes). Esta anulación repercute indirectamente en las tarifas y costes del servicio de distribución que las empresas trasladan a los consumidores, siendo por tanto relevante para ciudadanos españoles, cuyo coste de electricidad depende parcialmente de estos cálculos regulatorios y sus cambios jurisprudenciales.

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