Ley 1/2016, de 3 de febrero, de modificación de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que modifica la normativa sobre el uso del catalán en las Illes Balears. Recupera y refuerza las normas anteriores sobre la lengua catalana como lengua propia de la comunidad autónoma, volviendo al acuerdo que existía entre todos los partidos políticos desde 1986. **¿A quién afecta?** Afecta a la administración pública de las Illes Balears, incluyendo el Gobierno autonómico, el Parlamento, los consejos insulares, los ayuntamientos y todas las instituciones públicas. También afecta a los ciudadanos, que tienen derecho a usar el catalán en sus relaciones con la administración pública, y a los empleados públicos, que deben capacitarse en el uso de esta lengua. **¿Qué cambia o establece?** Establece que el catalán es la lengua oficial para la administración pública balear; los ciudadanos pueden dirigirse a la administración en catalán y recibir respuestas en esta lengua, aunque pueden solicitar el castellano; los topónimos oficiales deben estar únicamente en catalán; los documentos y certificaciones públicos se expiden en catalán a menos que se solicite la versión en castellano; las convocatorias de empleo público incluirán referencias al conocimiento del catalán; y la administración debe promover medidas para capacitar a sus empleados en el uso del catalán.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2016 consolida el marco de normalización lingüística que ya existía desde 1986, profundizando en el reconocimiento del catalán en la administración balear. Refleja el modelo cooficial que Cataluña, Galicia y Valencia han adoptado para lenguas propias, respaldado por la Constitución de 1978. Su aprobación con amplio consenso político contrasta con el rechazo histórico de sectores estatales al multilingüismo administrativo. Para el ciudadano balear representa el derecho efectivo a usar el catalán en gestiones públicas y exige a la administración garantizar competencia lingüística en sus empleados. Esta medida refuerza la identidad cultural local, asegura igualdad de acceso administrativo independientemente de la lengua preferida, y se alinea con estándares europeos sobre derechos lingüísticos minoritarios.