Real Decreto 162/2016, de 25 de abril, por el que se deroga el Real Decreto 1118/1998, de 5 de junio, por el que se establece el procedimiento de cooperación con la Comisión Europea en materia de examen científico de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un Real Decreto que elimina el Real Decreto 1118/1998, que establecía el procedimiento de cooperación entre España y la Comisión Europea para examinar científicamente cuestiones sobre seguridad de productos alimenticios. Este cambio se produce porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha asumido las funciones que antes realizaba el Comité Científico de la Alimentación Humana, y un nuevo reglamento europeo ya regula esta cooperación. **¿A quién afecta?** Afecta a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en sus funciones de cooperación científica sobre seguridad alimentaria. También afecta a los organismos nacionales pertinentes y a los sectores relacionados con productos alimenticios que operan bajo el marco de seguridad alimentaria español y europeo. **¿Qué cambia o establece?** Deroga el Real Decreto 1118/1998 para incorporar una directiva europea más reciente que sustituye el anterior sistema de cooperación. A partir de ahora, la cooperación científica en materia de seguridad alimentaria se rige únicamente por el Reglamento europeo 178/2002, que establece que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es el organismo competente para esta cooperación. La norma entra en vigor el día siguiente a su publicación y no genera incremento de gasto público.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 162/2016 deroga el marco de cooperación bilateral España-Comisión Europea (RD 1118/1998) que gestionaba evaluaciones científicas de seguridad alimentaria. Esta derogación responde a la consolidación de competencias en Europa: desde 2002, el Reglamento 178/2002 canaliza toda cooperación científica mediante la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), un sistema ya operativo en todas las CCAA y Estados miembros. La norma no introduce obligaciones nuevas para ciudadanos ni para la industria alimentaria, pues la cooperación continúa bajo el mismo marco europeo. Su importancia es fundamentalmente administrativa: moderniza la estructura estatal eliminando duplicidades con instituciones europeas, garantizando que la evaluación de riesgos alimentarios se coordine con participación efectiva española en la EFSA.