Ley OrdinariaAutonómicovigente

Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana.

BOE-A-2025-11647Publicada: 10/06/2025Comunitat Valenciana

¿Qué dice esta ley?

**Protección y ordenación de la costa valenciana** Se trata de una ley que establece normas para proteger las playas, acantilados y zonas costeras de la Comunidad Valenciana, regulando qué se puede hacer en estos espacios, cómo se planifican las construcciones cercanas y quién puede intervenir en ellas. Busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo urbano y turístico. Afecta principalmente a los municipios costeros, promotores inmobiliarios, empresas turísticas y ciudadanía en general. También vincula a la administración autonómica, que será la encargada de supervisar el cumplimiento. Si tienes una propiedad junto al mar o negocios relacionados con la costa (alquiler de sombrillas, bares de playa, alojamientos), esta ley te impone nuevas obligaciones o limitaciones. Concretamente, la ley probablemente define distancias mínimas desde la costa donde no se pueden construir (servidumbres de protección), establece qué actividades económicas se permiten en la playa, regula el acceso público a zonas costeras, y exige evaluaciones ambientales para proyectos nuevos. También crea mecanismos de control para evitar la degradación y erosión. Entra en vigor el 22 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, cualquier proyecto o autorización en zona cos

💬 Contexto ciudadano

La Ley 3/2025 de la Comunitat Valenciana sobre protección y ordenación de la costa autonómica desarrolla y complementa la legislación estatal de costas (Ley 22/1988 y su reforma de 2013), estableciendo un régimen específico del litoral valenciano que combina la preservación ambiental con la ordenación de los usos turísticos. La DANA de 2024 evidenció la vulnerabilidad de las zonas costeras valencianas frente a eventos extremos, reforzando la urgencia de esta regulación. Frente a leyes similares de Cataluña o Galicia, la norma valenciana debe articular la gestión del dominio público marítimo-terrestre del Estado con las competencias autonómicas de ordenación del territorio. Su relevancia es alta para los municipios costeros con presión urbanística turística y para los planes de adaptación al cambio climático en el litoral mediterráneo.

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