Ley 6/2016, de 22 de abril, de derogación de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección de la maternidad.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que elimina otra ley anterior (la Ley 9/2014) que regulaba la protección a la maternidad en las Islas Baleares. La ley anterior establecía un marco jurídico con medidas y actuaciones para garantizar y proteger el derecho de las mujeres embarazadas a ser madres, especialmente las que se encontraban en situación de desamparo o riesgo social. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las mujeres embarazadas de las Islas Baleares, tanto las que deciden continuar con su embarazo como las que deciden interrumpirlo. También afecta a los centros sanitarios y al Instituto Balear de la Mujer, que asumen las responsabilidades que antes tenía esa ley. **¿Qué cambia o establece?** Elimina la obligación de que entidades privadas sin ánimo de lucro proporcionen información personalizada sobre ayudas y derechos de apoyo a la maternidad. Establece que esta información la faciliten directamente los médicos de los centros sanitarios, coordinados por el Instituto Balear de la Mujer, siguiendo lo que ya está regulado por la ley nacional sobre salud sexual y reproductiva. La ley entra en vigor el día de su publicación en el boletín oficial.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 6/2016 deroga la normativa balear específica de protección a la maternidad, reorientando competencias del modelo mixto público-privado hacia una centralización en el sistema sanitario estatal. Mientras que la Ley 9/2014 creaba un marco autonómico reforzado con participación de entidades sin ánimo de lucro en la información sobre derechos de maternidad, esta derogación alinea Baleares con el estándar nacional establecido por la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, reduciendo protecciones específicas autonómicas. Esta tendencia —devolver competencias al nivel estatal— contrasta con otras CCAA que han mantenido regulaciones propias ampliadas. La relevancia ciudadana es significativa: la información sobre derechos y ayudas a la maternidad pasa íntegramente a médicos y servicios públicos, eliminando el acceso a redes de acompañamiento especializado que ofrecían las entidades privadas.