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ResoluciónNacionalvigente

Extensión de la vigencia del Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013.

BOE-A-2016-4952Publicada: 25/05/2016MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es un acuerdo de préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional que se firmó el 5 y 26 de marzo de 2013 en Madrid y Washington. El acuerdo comenzó a funcionar el 19 de julio de 2013 y tiene una duración inicial de dos años. **¿A quién afecta?** Afecta a España como país que recibe el préstamo del Fondo Monetario Internacional y a las condiciones financieras internacionales del país. **¿Qué cambia o establece?** Se extiende la vigencia del acuerdo por segunda vez. Primero se prolongó hasta el 18 de julio de 2016. Ahora se amplía nuevamente su duración hasta el 18 de julio de 2017, permitiendo que el acuerdo continúe en vigor durante un año más desde el 19 de julio de 2016.

💬 Contexto ciudadano

El Acuerdo de Precaución con el FMI de 2013 representa la respuesta de España a la crisis financiera, diferenciándose de los mecanismos de financiación comunitaria directa (EFSM, MEDE) al ser una línea de crédito condicional sin desembolso obligatorio. Sus sucesivas prórrogas (2016 y ahora 2017) contrastaban con las políticas de otros países europeos que graduaban su salida de programas de ajuste, reflejando la persistencia de vulnerabilidades macroeconómicas españolas. Mientras Portugal cerraba su programa de rescate en 2014 e Irlanda en 2013, España optaba por mantener esta línea de contingencia bajo supervisión internacional. Para el ciudadano, estas extensiones significaban la continuidad de condicionalidades implícitas sobre gasto público, reformas estructurales y cumplimiento de reglas fiscales europeas, impactando directamente políticas sociales y laborales. La resolución legislativa exigida subraya que los acuerdos internacionales en materia financiera requieren control parlamentario explícito, garantizando transparencia en compromisos que vinculan recursos y decisiones económicas nacionales.

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