Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta es una ley que modifica la Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra. Su objetivo principal es mejorar el sistema para que los ciudadanos puedan reclamar cuando se les niegue acceso a información pública, y crear un nuevo órgano independiente llamado Consejo de Transparencia de Navarra que resolverá estas reclamaciones. También establece cuánto tiempo deben permanecer públicos los datos sobre retribuciones y bienes de los cargos públicos. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos de Navarra que soliciten información a la Administración Pública y a los órganos de la Administración Pública navarra que deben proporcionar esa información. También afecta a los cargos públicos, que deberán mantener públicos sus datos personales durante un tiempo determinado. **¿Qué cambia o establece?** Crea un nuevo procedimiento de reclamación: si un ciudadano considera que se le ha negado injustamente información pública, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra antes de acudir a los tribunales. Este Consejo es un órgano independiente que resolverá estas reclamaciones. También fija el plazo específico durante el cual las retribuciones, actividades, bienes y cesantías de los cargos públicos deben permanecer públicamente disponibles.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 5/2016 refuerza el marco de transparencia que Navarra estableció en 2012, adecuándose a la tendencia nacional e internacional de institucionalizar el derecho de acceso a información pública. Aunque la Ley estatal 19/2013 ya fijaba principios de transparencia, esta reforma navarra avanza al crear un órgano independiente especializado (el Consejo de Transparencia) similar a los adoptados por otras CCAA como Cataluña y el País Vasco, proporcionando un filtro administrativo previo a la vía judicial que agiliza las reclamaciones ciudadanas. Esta institucionalización responde a directivas europeas que promueven la participación pública y la rendición de cuentas. Para el ciudadano navarro, la innovación radica en acceder a un mecanismo de resolución más ágil, independiente y especializado que los juzgados, sin costes, mientras que los cargos públicos enfrentan mayor escrutinio sobre sus patrimonios e ingresos, fortaleciendo la confianza institucional.