Real Decreto 607/2025, de 8 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
¿Qué dice esta ley?
**Sistema de registros para juzgados más eficiente** Se actualiza cómo funcionan los registros administrativos que apoyan a los juzgados y tribunales. Básicamente, se modernizan los procedimientos para que la justicia tenga mejor acceso a información cuando la necesita en sus procesos. **Afecta principalmente a:** Abogados, procuradores (profesionales que tramitan pleitos) y ciudadanos con asuntos en juzgados, porque estos registros facilitan que los tribunales accedan a datos sin demoras innecesarias. También impacta en notarios, registradores de la propiedad y funcionarios judiciales. **Lo que cambia concretamente:** Se agilizan los trámites administrativos que respaldan las decisiones de los jueces. Por ejemplo, cuando un juzgado necesita verificar si alguien tiene antecedentes penales o consultar un registro específico, estos cambios buscan que la respuesta sea más rápida y digital. Reduce papeles y agiliza el flujo de información entre administraciones y tribunales. **Entra en vigor:** A partir del 8 de julio de 2025. Algunos aspectos pueden tener periodos de adaptación para que administraciones y juzgados implementen los cambios técnicos necesarios. El objetivo es que la justicia funcione sin cuellos de botella administrativos, ahorrando tiempo a todos: desde ciudadanos
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 607/2025 moderniza el marco normativo del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, actualizando el Real Decreto 95/2009 para adaptarlo a la digitalización de los procesos judiciales y a las obligaciones de interoperabilidad del sistema de información del Ministerio de Justicia. Antes de esta reforma, el acceso de los juzgados a registros como el de penados o el de medidas cautelares se realizaba con procedimientos parcialmente analógicos. Frente al modelo europeo de intercambio electrónico de antecedentes penales (ECRIS), el sistema español tenía rezagos de integración que esta norma contribuye a corregir. Su impacto es directo en la agilidad de las resoluciones judiciales que dependen de la consulta rápida de estos registros.