Ley 9/2016, de 13 de junio, de modificación de la disposición adicional novena de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que elimina un complemento salarial vitalicio llamado "nivel 33" que recibían los funcionarios públicos de las Islas Baleares después de ejercer cargos políticos durante al menos dos años. Este complemento se equiparaba al sueldo de un director general del Estado y se percibía de por vida, incluso sin desempeñar funciones de ese nivel. **¿A quién afecta?** Afecta a los funcionarios de carrera, personal estatutario de sanidad pública y empleados públicos de la administración balear y sus entidades dependientes que tuvieran derecho a percibir este complemento por haber ejercido cargos políticos. También afecta indirectamente a los ciudadanos, ya que el gasto se reducirá. **¿Qué cambia o establece?** La ley suprime el derecho a percibir ese complemento retributivo vitalicio. Los funcionarios que ya lo cobraban dejan de recibirlo. También modifica las reglas sobre prórroga de permanencia en servicio activo, permitiéndola solo en casos excepcionales: cuando falta cotización para jubilación, para terminar el curso escolar en personal docente, en supuestos regulados por planes de recursos humanos, o cuando servicios esenciales puedan verse afectados por falta de profesionales.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 9/2016 suprime un régimen retributivo excepcional instaurado por Baleares en 2007 mediante el cual los funcionarios que ocupaban cargos políticos durante al menos dos años conservaban indefinidamente un complemento equiparado al sueldo de director general estatal. Este sistema, único o muy minoritario en otras comunidades autónomas y sin equivalente en la normativa estatal general, generaba gastos permanentes sin correspondencia con funciones efectivamente ejercidas. La modificación responde a la presión por contención presupuestaria en el contexto post-2008, alineando Baleares con estándares de otras regiones que no permitían complementos vitalicios desvinculados del desempeño. Para el ciudadano, representa reducción del gasto público y cierto equilibrio en la remuneración de empleados públicos, aunque afecta a quienes ya disfrutaban del derecho consolidado.