Ley Foral 7/2025, de 4 de junio, por la que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de personal para la reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas de Navarra.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es**: Una ley navarra que permite a la administración pública convertir puestos de trabajo temporal en permanentes, con el objetivo de reducir la precariedad laboral en el sector público. **A quién afecta**: Principalmente a trabajadores temporales de organismos públicos navarros (ayuntamientos, diputación, hospitales, educación). También impacta en las administraciones que deben reorganizar sus plantillas y presupuestos. **Qué cambia**: Los empleados públicos en situación temporal podrán acceder a contratos estables sin pasar necesariamente por nuevas oposiciones completas. Se flexibilizan los procesos de selección para agilizar estas transformaciones. Esto reduce la incertidumbre laboral de miles de personas y mejora la continuidad de servicios públicos al tener plantillas más consolidadas. **Cuándo**: Aprobada el 4 de junio de 2025. Las administraciones navarras tendrán plazos específicos para implementar estas medidas y convocar los procesos de estabilización, aunque la norma foral establece este carácter extraordinario y urgente para acelerar su aplicación.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 7/2025 de Navarra adopta medidas extraordinarias para reducir la temporalidad en las administraciones públicas forales, en cumplimiento de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fijó un umbral máximo del 8% de temporalidad estructural. Antes de esta norma, el sector público navarro presentaba tasas de temporalidad en algunos ámbitos superiores a la media española. Frente a los procesos de estabilización ordinarios, la ley foral introduce procedimientos acelerados que aprovechan la autonomía fiscal y normativa de la Comunidad Foral. La medida se alinea con la jurisprudencia del TJUE sobre encadenamiento de contratos temporales en el sector público, evitando sanciones por incumplimiento del derecho comunitario.