Decreto 56/2016, de 16 de septiembre, de desarrollo de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con relación a los vehículos dedicados a la actividad de transporte público urbano e interurbano de viajeros en vehículos de turismo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un decreto que permite ofrecer servicio de taxi en las Islas Baleares usando vehículos de hasta siete plazas (incluido el conductor), en lugar de los cinco plazas que se permitían antes. Aplica tanto para taxis urbanos como interurbanos y desarrolla una ley anterior sobre transportes. **¿A quién afecta?** Afecta a los taxistas que quieran usar vehículos de siete plazas, a los ayuntamientos que otorgan las licencias de taxi, y a los usuarios, especialmente en zonas con turismo familiar que demandaban esta capacidad mayor. **¿Qué cambia o establece?** Permite que se expidan licencias de taxi para vehículos de hasta siete plazas fabricados para este fin. Establece que estos vehículos deben tener siete asientos instalados de fábrica y espacio de maletero sin asientos plegables. Se añade un suplemento a la tarifa de taxi para vehículos de más de cinco plazas, cuyo precio se determinará según un estudio económico. Para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, se permite hasta nueve plazas pero sin transportar más de siete personas. El decreto entra en vigor el día de su publicación.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto 56/2016 balear moderniza la capacidad de taxis ampliando de cinco a siete plazas, respondiendo a demanda turística familiar; esta expansión se alinea con tendencias en Madrid, Cataluña y Andalucía, aunque sin armonización estatal uniforme que genere segmentación regulatoria nacional. La normativa estatal mantiene criterios más restrictivos dejando margen autonómico, mientras directivas UE sobre movilidad sostenible inspiran reformas autonómicas divergentes. Baleares añade mecanismos de control mediante suplementos tarifarios, diferenciándose de jurisdicciones más liberalizadas. La aprobación es exclusivamente balear. Para el ciudadano, supone mayor oferta y disponibilidad en zonas turísticas con demanda de viajes familiares, aunque implica potencial incremento de costes por tarifa adaptada, justificando el estudio económico previo del suplemento.