Ley 15/2016, de 28 de julio, del Plan gallego de estadística 2017-2021.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que aprueba el Plan Gallego de Estadística para los años 2017 a 2021. Este plan es el instrumento que ordena y planifica cómo se recopilan, elaboran y difunden las estadísticas en Galicia. El plan establece tres tipos de objetivos: informativos (metas estadísticas sobre la realidad gallega), instrumentales (características de los procesos estadísticos) y de calidad (conforme a estándares europeos). **¿A quién afecta?** Afecta a toda la administración pública gallega, al Instituto Gallego de Estadística, a los órganos estadísticos sectoriales y al Consejo Gallego de Estadística. También afecta a la ciudadanía, a las instituciones públicas, a los agentes económicos y sociales, que se benefician de la información estadística que se genera sobre Galicia. **¿Qué cambia o establece?** Establece cómo se organizará la actividad estadística durante cinco años mediante programas anuales. Define qué son las operaciones estadísticas (censos, encuestas, explotación de registros administrativos) y las actividades estadísticas (trabajos que amplían la información disponible). Obliga a que toda la actividad estadística se ajuste a principios de interés público, objetividad, secreto estadístico y difusión de resultados, e incorpora la perspectiva de género en los objetivos del plan.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 15/2016 institutionaliza la planificación estadística gallega mediante un enfoque sistémico que antes operaba de forma fragmentada entre organismos. Galicia se alinea con el marco estatal (Ley 12/1989 sobre Función Estadística Pública) y las directrices europeas (Reglamento CE 223/2009), criterios que han adoptado similares comunidades como Cataluña o Andalucía con planes propios. Esta norma codifica principios como el secreto estadístico y la perspectiva de género, reforzando la gobernanza de datos públicos. Su relevancia ciudadana es sustancial: garantiza que las estadísticas sobre empleo, educación y servicios sean confiables, comparables con otras regiones españolas y europeas, y fundamentadas en procesos objetivos. Un ciudadano se beneficia al poder acceder a información verificada que alimenta políticas públicas mientras su privacidad estadística queda protegida.