Real Decreto 562/2025, de 1 de julio, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados sobre la cadena agroalimentaria y operaciones relacionadas.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Norma que establece cómo la administración pública inspecciona y controla la seguridad de los alimentos, desde la granja hasta tu mesa. Define quién revisa qué, cuándo y cómo en toda la cadena alimentaria. **A quién afecta** Principalmente a empresas del sector agroalimentario: productores, ganaderos, transformadores, distribuidores y comercios. También a la administración, que debe organizar sus inspecciones según estas reglas. Los consumidores se benefician indirectamente con controles más rigurosos. **Qué cambia** Unifica y moderniza los procedimientos de inspección. Establece criterios claros sobre qué se controla (higiene, trazabilidad, etiquetado, residuos), quién lo hace, con qué frecuencia y qué sanciones aplican. Busca reducir riesgos alimentarios y que las inspecciones sean proporcionales según el riesgo real de cada empresa. También regula cómo se toman muestras, se registran hallazgos y se comunican resultados. **Cuándo entra en vigor** A partir del 1 de julio de 2025. --- *Nota: Las empresas del sector deben revisar sus procedimientos de higiene y documentación. Pequeños productores pueden necesitar asesoría sobre nuevos requisitos si los hay.*
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 562/2025 traspone y desarrolla en el ordenamiento español las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales relativos a la cadena agroalimentaria, actualizando un marco regulatorio que databa de normas anteriores a la entrada en vigor de ese reglamento europeo. España dispone de una red de agencias de seguridad alimentaria autonómicas con coordinación estatal que requería armonización normativa. Comparado con el modelo francés, con la DGAL como referencia unitaria de control, el español es más descentralizado y federalizado. La norma tiene impacto directo en las decenas de miles de empresas agroalimentarias exportadoras cuyo acceso a mercados terceros depende de la equivalencia de controles reconocida por la Comisión Europea.