Sentencia de 8 de septiembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto contra el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, y anula el apartado 9.a) de su disposición adicional segunda.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de septiembre de 2016 que revisa el Real Decreto 876/2014, que aprobó el Reglamento General de Costas. El tribunal resolvió un recurso presentado por la Asociación de Propietarios de Empuriabrava contra dicho decreto. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los propietarios de Empuriabrava (representados por su asociación), aunque también impacta en la aplicación del Reglamento General de Costas que regula el uso y gestión de las zonas costeras españolas. **¿Qué cambia o establece?** El tribunal anuló solo una parte del decreto: el apartado 9.a) de la Disposición Adicional Segunda del Reglamento General de Costas. El resto del decreto se mantiene válido. Además, el tribunal condena al pago de costas procesales según lo que se detalla en la sentencia.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 876/2014 modernizó el Reglamento General de Costas que regía desde 1989, adaptando la normativa española a criterios europeos de sostenibilidad costera. La anulación parcial de la Disposición Adicional Segunda responde a conflictos preexistentes sobre derechos de propietarios ribereños, una tensión permanente entre protección ambiental y propiedad privada que también existe en otras CCAA con normativas autonómicas complementarias, aunque las competencias costeras recaen primordialmente en el Estado. Directivas UE como la 2014/89 sobre ordenación del espacio marítimo influyeron en el enfoque del decreto, pero no resuelven localmente litigios como el de Empuriabrava. La importancia ciudadana radica en que define acceso público a playas, servidumbres costeras y seguridad de inversiones en zonas litorales, afectando a propietarios, inversores y bañistas; esta sentencia, aunque parcial, refuerza que la regulación costera requiere equilibrio entre colectividades riparias y bien común ambiental.