Decreto 66/2025, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crean las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** El Gobierno de Aragón crea unas nuevas oficinas de justicia agrupadas en los municipios. En lugar de tener juzgados y servicios judiciales dispersos, se concentran en puntos estratégicos para que los ciudadanos tengan acceso más fácil a trámites legales, demandas y gestiones judiciales. **A quién afecta** Principalmente a ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas de Aragón que necesitan acudir a juzgados o servicios relacionados. Afecta especialmente a quienes viven en municipios pequeños, que ahora tendrán estos servicios organizados de forma más accesible. También impacta en los empleados de justicia que trabajarán en estas nuevas estructuras. **Qué cambia** En lugar de oficinas dispersas, habrá agrupaciones centralizadas por municipio. Esto significa menos desplazamientos para los ciudadanos, trámites más ágiles y una mejor coordinación entre los servicios judiciales (registros, notarías, juzgados). Se simplifica el acceso a la justicia sin tener que ir a varios sitios diferentes. **Cuándo entra en vigor** A partir del 25 de junio de 2025. A partir de esa fecha, las nuevas agrupaciones comienzan a funcionar según la estructura establecida por este decreto.
💬 Contexto ciudadano
El Decreto 66/2025 de Aragón introduce las Agrupaciones de Oficinas de Justicia, un modelo organizativo que concentra servicios judiciales dispersos en torno a centros nodales municipales, mejorando la accesibilidad en un territorio de baja densidad. Antes de este decreto, la organización judicial aragonesa seguía el esquema clásico por partidos judiciales, que en muchos casos generaba desplazamientos gravosos para ciudadanos de municipios pequeños. Frente a reformas similares en Castilla y León o Extremadura, que han apostado por la digitalización como sustituto de la presencia territorial, Aragón opta por una racionalización física de los puntos de acceso. La medida incide directamente en la efectividad del derecho de tutela judicial en el medio rural aragonés.