Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el Boletín Oficial del Estado.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta resolución modifica la tabla de códigos que se utilizan para numerar las órdenes ministeriales que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Cada ministerio tiene asignado un código de tres letras que forma parte del número de identificación de sus disposiciones oficiales. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ministerios del Gobierno y al Secretariado del Gobierno, que son los responsables de publicar las órdenes ministeriales en el Boletín Oficial del Estado. **¿Qué cambia o establece?** Establece una nueva tabla de códigos ministeriales para adaptarse a la reestructuración de los departamentos ministeriales realizada por el Real Decreto 415/2016. Los nuevos códigos (como AEC para Asuntos Exteriores, JUS para Justicia, DEF para Defensa, HFP para Hacienda y Función Pública, entre otros) se aplicarán a partir de la entrada en vigor de esa reestructuración para numerar todas las órdenes ministeriales que se adopten desde ese momento.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución regía el sistema de numeración de órdenes ministeriales establecido en 2001, basado en códigos alfabéticos sin cambios durante quince años pese a sucesivas reestructuraciones administrativas. Esta modificación responde a la reorganización ministerial de 2016 y actualiza los identificadores de cada departamento (AEC, JUS, DEF, HFP, etc.) para mantener coherencia entre la estructura organizativa y su reflejo en el Boletín Oficial del Estado. A diferencia de otras comunidades autónomas que cuentan con sistemas propios de numeración, la Administración General del Estado utiliza este código unificado como pieza central de su transparencia normativa. La importancia para el ciudadano radica en la capacidad de identificar unívocamente el origen ministerial de cada disposición y acceder sin ambigüedad a la norma publicada, facilitando tanto el conocimiento de las obligaciones legales como la verificación de la legitimidad de actos administrativos en un contexto de acceso a información pública.