Resolución de 25 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2017, por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo del Gobierno de España que establece los procedimientos y criterios para seleccionar a tres candidatos españoles que se presentarán para elegir un Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal está compuesto por un juez de cada Estado miembro, y deben ser elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de una lista de tres candidatos que presenta cada país. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos españoles que cumplan los requisitos legales y deseen presentarse como candidatos a Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También afecta a los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia, que serán responsables de gestionar el proceso de selección y presentación de candidatos. **¿Qué cambia o establece?** Establece que cuando sea necesario proponer candidatos, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciará públicamente el proceso en el Boletín Oficial del Estado. Los candidatos deben ser personas de reconocida moralidad e independencia que tengan experiencia en funciones judiciales o sean juristas competentes. Un comité formado por representantes de varios ministerios evaluará las candidaturas recibidas, entrevistará a los candidatos y propondrá una terna final al Consejo de Ministros para su aprobación.
💬 Contexto ciudadano
Aunque la participación de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos existe desde la adhesión a la Convención Europea, esta Resolución de 2017 sistematiza los criterios de selección del candidato español. A diferencia de otros mecanismos estatales de designación de magistrados, que varían entre comunidades autónomas, este procedimiento responde a estándares supranacionales establecidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, garantizando transparencia mediante publicación en el BOE. Su importancia radica en que el Tribunal Europeo constituye la última instancia de protección de derechos fundamentales para ciudadanos españoles, siendo el único recurso cuando la justicia nacional ha agotado sus vías, por lo que la calidad e independencia del juez que lo integra afecta directamente a las garantías jurídicas.