Enmiendas de 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.250(66)
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución adoptada en 2014 que modifica el Código Internacional para la construcción y equipo de buques que transportan productos químicos peligrosos a granel. Este código establece normas obligatorias sobre cómo deben construirse, equiparse y operarse estos buques para evitar contaminación marina y accidentes. **¿A quién afecta?** Afecta a los buques dedicados al transporte de productos químicos peligrosos a granel, a sus propietarios y operadores, y a los países que son parte del Convenio MARPOL que regulan esta actividad marítima. **¿Qué cambia o establece?** La norma añade nuevas definiciones técnicas (purga y desgasificación de tanques), establece que todos los buques deben llevar un instrumento de estabilidad aprobado para verificar seguridad en caso de daño, fija que este requisito rige a partir del 1 de enero de 2016, permite excepciones para ciertos buques con condiciones de carga limitadas, exige purgar los tanques de carga con gas inerte antes de desgasificarlos con tubos de salida a altura mínima de 2 metros sobre cubierta, y reordena algunas secciones del código.
💬 Contexto ciudadano
El Código CIQ preexistente desde 1986 regulaba el transporte de químicos peligrosos, pero las enmiendas de 2014 introducen requisitos más rigurosos de estabilidad y desgasificación, alineándose con estándares internacionales de la OMI ratificados por la Unión Europea mediante la Directiva 2009/16/CE (inspección de buques). Esta normativa, aprobada por 179 Estados mediante MARPOL, incluida España, no presenta variaciones sustanciales entre CCAA españolas, que aplican directamente la normativa internacional. La relevancia ciudadana radica en que establece salvaguardas contra accidentes marítimos y contaminación ambiental en el transporte de sustancias tóxicas, protegiendo costas y ecosistemas marinos. Su implementación desde 2016 obliga a operadores españoles a certificaciones técnicas adicionales, incidiendo en costes portuarios y competitividad del sector marítimo nacional.