Instrumento de ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015.

💬 Contexto ciudadano

Anterior al Acuerdo de París, el marco internacional de lucha contra el cambio climático se estructuraba fundamentalmente a través del Protocolo de Kioto (1997), que presentaba limitaciones significativas como la no participación de grandes emisores y objetivos menos ambiciosos. El Acuerdo de París supone una evolución cualitativa: adopta el enfoque de contribuciones nacionales determinadas (NDCs) en lugar de compromisos uniformes, abarca 195 partes (incluyendo España como Estado miembro de la UE que lo ratificó en 2016), y establece el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5-2°C. Su ratificación por España implica vinculación jurídica internacional y la obligación de alinear su normativa estatal y autonómica con estos compromisos, afectando directamente políticas energéticas, de transporte y emisiones. Para el ciudadano representa tanto oportunidades (inversión en renovables, empleo verde) como restricciones regulatorias (normativas de eficiencia, limitación de emisiones industriales), siendo especialmente relevante dado el compromiso europeo de neutralidad climática para 2050.