Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer semestre de 2015 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho período.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que establece los precios oficiales del gas natural que se utilizarán para calcular los costes de generación de electricidad en las islas Baleares durante el primer semestre de 2015. Estos precios se fijan siguiendo una metodología que incluye el coste del gas, los impuestos especiales y otros conceptos como transporte y almacenamiento. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas generadoras de electricidad que utilizan gas natural en las islas de Mallorca e Ibiza, específicamente a las plantas de generación identificadas como CCGT de Son Reus, CCGT de Cas Tresorer y CCGT de Ibiza, cuyos costes de producción se calculan utilizando estos precios. **¿Qué cambia o establece?** Establece el precio definitivo del gas natural expresado en euros por tonelada para cada mes del primer semestre de 2015. Por ejemplo, para la CCGT de Son Reus en enero de 2015 el precio es de 8.447,40 euros/tonelada, mientras que en febrero baja a 600,93 euros/tonelada. Estos precios varían mensualmente según los costes de aprovisionamiento del gas natural licuado y se aplican en la liquidación de costes de cada planta generadora.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución, los precios del gas natural para la generación eléctrica en territorios no peninsulares se regulaban mediante mecanismos menos formalizados de compensación de costes. Esta norma nacionaliza y sistematiza la fijación de precios mensuales para Baleares (competencia del Ministerio, no de la Comunidad Autónoma), alineándose con la práctica europea de transparencia tarifaria. A diferencia de otras regiones que negocian contratos de gas con operadores privados, los territorios no peninsulares español reciben esta regulación estatal como mecanismo de equidad ante sus mayores costes logísticos. La resolución importa al ciudadano balear porque estos precios administrativos repercuten directamente en la tarifa de electricidad doméstica, que en islas es históricamente más elevada que en península.