Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma que desarrolla la Ley sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (DOPs e IGPs) que se extienden a más de una comunidad autónoma. Regula cómo funcionan los consejos reguladores que gestiona estos productos protegidos, establece un sistema unificado para registrar a los operadores autorizados, y define los sistemas de control oficial para verificar que se cumplen las normas de calidad y origen de estos productos. **¿A quién afecta?** Afecta a los consejos reguladores de las DOPs e IGPs supraautonómicas, a los productores y operadores que trabajan con estos productos protegidos, a la Agencia de Información y Control Alimentarios que realiza las inspecciones, a los organismos de control autorizados para verificar el cumplimiento de normas, y a cualquier empresa o persona que comercialice productos amparados por estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. **¿Qué cambia o establece?** Establece que los consejos reguladores pueden adoptar diferentes formas jurídicas (privada o pública) según sus necesidades. Crea un sistema unificado de información donde se registran todos los operadores. Define que el control oficial se realiza por la Agencia de Información y Control Alimentarios o por organismos de control acreditados. Introduce una tasa por las inspecciones realizadas y permite autorización provisional de doce meses para organismos de control que estén en proceso de acreditación.
💬 Contexto ciudadano
Antes de 2017, el régimen de Denominaciones de Origen en España operaba sin un sistema unificado de control para DOPs e IGPs supraautonómicas, generando inconsistencias. Este decreto armoniza la regulación estatal con la Directiva 1151/2012 UE y consolida un marco homogéneo frente a regulaciones autonómicas parciales, implementando un sistema integrado de registro y control obligatorio. Su relevancia radica en proteger productos españoles de renombre (Rioja, Jamón Ibérico) contra falsificaciones y asegurar que solo productores cualificados utilicen estas denominaciones, generando valor en mercados internacionales. Sin esta unificación, el fraude continuaría erosionando la reputación de estas denominaciones protegidas y perjudicando ingresos de productores que compiten en calidad certificada.