Ley 3/2017, de 14 de febrero, por la que se modifica la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta ley modifica las normas sobre puertos de la Región de Murcia. Introduce cambios en cómo se calcula el canon, que es la cantidad de dinero que deben pagar quienes usan las instalaciones portuarias. También añade nuevas reglas para gestionar embarcaciones abandonadas o peligrosas en los puertos. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas o empresas que tienen concesiones para usar el dominio público portuario, especialmente a quienes operan puertos deportivos, zonas de uso náutico-deportivo e instalaciones náuticas. También afecta a propietarios de embarcaciones abandonadas o que representen riesgo en los puertos de Murcia. **¿Qué cambia o establece?** Crea una nueva fórmula para calcular el canon en puertos deportivos: C=BxSxK1xK2, donde se usa un valor base de 25 euros por metro cuadrado multiplicado por la superficie de atraque y otros factores. Establece reducciones de canon para concesionarios que realicen regatas o actividades de deportes náuticos vinculadas al turismo. Añade procedimientos claros para identificar, retirar y regularizar embarcaciones abandonadas o que supongan peligro para la seguridad, el medio ambiente o el funcionamiento normal del puerto.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 3/2017 murciana modifica un régimen canónico establecido desde 1996, actualizando la estructura tarifaria de puertos deportivos mediante una fórmula moderna que considera superficie y factores de utilización. Esta reforma responde a la necesidad de armonizar la normativa regional con la Ley 28/1988 estatal de puertos y las directivas europeas sobre medio marino, alineándose con sistemas de otras comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía que también han modernizado sus cánones. Aunque aprobada regionalmente en Murcia, carece de equivalente normativo en territorios sin salida marítima, limitando su aplicación geográfica. Para el ciudadano y operadores náuticos resulta determinante porque directamente incide en costes de atraque, competitividad del turismo de vela regional y, crucialmente, establece obligaciones de limpieza ambiental y seguridad portuaria que protegen tanto el ecosistema marino como la operatividad de instalaciones de uso público.