Recurso de inconstitucionalidad n.º 4527-2025, contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional impugnando un decreto de urgencia del Gobierno sobre protección de menores migrantes. El Gobierno aprobó estas medidas rápidamente (sin pasar por el Parlamento) argumentando una emergencia migratoria, y ahora se cuestiona si es constitucional. **A quién afecta** Principalmente a menores extranjeros en situación migratoria irregular, a sus familias y a las administraciones públicas (comunidades autónomas y ayuntamientos) que gestionan su acogida. También toca a entidades sociales que trabajan con este colectivo. **Qué cambia** El Tribunal Constitucional revisará si el Gobierno tenía realmente justificación para actuar por decreto de urgencia, saltándose los trámites parlamentarios normales. Dependiendo de la sentencia, el decreto podría mantenerse tal cual, modificarse o anularse completamente. Esto afecta directamente a qué derechos y recursos se garantizan a estos menores durante una crisis migratoria. **Cuándo** El recurso se presentó en 2025. El Tribunal Constitucional estudiará el caso, pero estos procesos tardan meses o años. Mientras tanto, el decreto sigue aplicándose.
💬 Contexto ciudadano
El quinto recurso de inconstitucionalidad (nº 4527-2025) cierra el ciclo de impugnaciones al RDL 2/2025. Presentado probablemente por el último de los gobiernos autonómicos opositores con legitimación activa, plantea la cuestión central ya planteada en los anteriores: si el Gobierno estaba habilitado constitucionalmente para distribuir menores no acompañados entre CCAA mediante decreto-ley, obviando el necesario consenso institucional. La resolución del TC será una de las decisiones más relevantes sobre los límites del decreto-ley en el Estado autonómico desde la STC 6/1983 que fijó la doctrina básica del presupuesto habilitante. Para el futuro de la gestión migratoria española, la sentencia definirá los límites de la acción unilateral del Estado en materia de menores, con implicaciones también para la transposición de directivas europeas sobre protección de menores migrantes.