Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución que establece los precios de la tarifa de último recurso de gas natural. La tarifa de último recurso es el precio máximo que pueden pagar los consumidores pequeños de gas cuando no tienen acceso al mercado libre. Esta norma fija los precios que estarán en vigor a partir del 1 de abril de 2017. **¿A quién afecta?** Afecta a los consumidores de gas natural conectados a presiones bajas (inferiores a 4 bar) con consumos anuales no superiores a 50.000 kWh/año. También afecta a los consumidores de territorios insulares que utilizan gas manufacturado o aire propanado, incluyendo consumos superiores hasta 100.000 kWh/año. **¿Qué cambia o establece?** Establece dos tipos de tarifas según el consumo anual: la TUR.1 para consumos de hasta 5.000 kWh/año con un precio fijo de 4,31 euros por cliente al mes y 5,160230 céntimos por kWh; y la TUR.2 para consumos entre 5.000 y 50.000 kWh/año con 8,45 euros fijos al mes y 4,472830 céntimos por kWh. En territorios insulares añade dos categorías más para consumos mayores. Los precios entran en vigor el 1 de abril de 2017 y se actualizarán trimestralmente si el coste de la materia prima varía más del 2 por ciento.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta resolución existían tarifas de último recurso reguladas por el Estado, pero esta norma de 2017 consolida el sistema de protección de consumidores pequeños surgido tras la liberalización del mercado de gas (1998-2003). A diferencia de otras CCAA que carecen de competencia normativa en esta materia por ser regulación estatal, esta tarifa funciona como red de seguridad similar a la de otros países europeos, aunque el mecanismo trimestral de actualización es específico del modelo español. Mientras toda España aplica estos precios máximos uniformemente, el impacto es decisivo para millones de consumidores que no acceden al mercado libre, especialmente en territorios insulares con costes de distribución mayores. Su importancia radica en fijar un techo de precio que protege frente a la volatilidad del gas natural, impidiendo traspasos directos de crisis de precios a usuarios vulnerables que dependen de estas garantías estatales.