Orden PRA/265/2017, de 23 de marzo, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el reglamento interno de la Conferencia de Presidentes.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta orden publica la modificación del Reglamento interno de la Conferencia de Presidentes, que es el órgano de máxima cooperación entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. El reglamento había sido aprobado en 2009 y ahora se actualiza tras la reunión de la Conferencia celebrada el 17 de enero de 2017. **¿A quién afecta?** Afecta al Presidente del Gobierno, los Presidentes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y al Comité preparatorio que los asiste, integrado por un Ministro y un Consejero de cada Gobierno autonómico. **¿Qué cambia o establece?** Establece que la Conferencia de Presidentes se celebrará anualmente y amplía las funciones del Comité preparatorio. Además de impulsar y dar seguimiento a los acuerdos, ahora también debe evaluar y ejecutar los acuerdos adoptados, presentar un informe anual sobre su cumplimiento, supervisar las Conferencias Sectoriales y coordinar las relaciones interadministrativas. El Comité se reunirá al menos cada seis meses y dispondrá de una Secretaría Permanente adscrita al Ministerio competente.
💬 Contexto ciudadano
La Conferencia de Presidentes, regulada desde 2009, constituye el máximo órgano de coordinación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, diferenciándose de los sistemas sectoriales fragmentados que la precedían. La reforma de 2017 institucionalizó significativamente su funcionamiento: estableció celebraciones anuales obligatorias, evaluación sistemática de acuerdos e informes públicos sobre su cumplimiento, elevando sustancialmente la transparencia respecto al régimen anterior. Sin equivalencia directa en directivas europeas, replica modelos federales de gobernanza multinivel similares a los de Alemania o Bélgica. Su importancia para el ciudadano radica en fortalecer la rendición de cuentas sobre pactos interadministrativos, permitiendo seguimiento efectivo de compromisos que inciden en servicios públicos y políticas territoriales.