Recurso de inconstitucionalidad n.º 4458-2025, contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
¿Qué dice esta ley?
**Cuestionan un decreto de urgencia sobre menores migrantes** El Tribunal Constitucional analiza si es legal un decreto aprobado a toda prisa en marzo de 2025 que ordena medidas para proteger a niños y adolescentes en crisis migratorias. Alguien ha presentado un recurso (demanda formal ante el tribunal más alto) argumentando que el Gobierno no tenía derecho a usar esa vía rápida de decisión. **Afecta a menores extranjeros sin acompañamiento, comunidades autónomas y ONG de protección infantil** Este decreto impacta directamente en cómo se atiende a niños y adolescentes que llegan solos o separados de sus familias en situaciones de emergencia migratoria. También determina cómo las regiones deben coordinarse con el Estado central en estos casos. **Lo que está en juego: si el Gobierno puede decidir medidas urgentes sobre menores sin pasar por el Parlamento** El recurso cuestiona si era realmente necesario usar un decreto de urgencia —que no necesita aprobación parlamentaria— o si el Gobierno debería haber pedido permiso al Congreso. Si el Tribunal falla a favor del recurso, esas medidas podrían quedarse sin efecto. **Decisión pendiente en 2025** El Tribunal Constitucional estudiará los argumentos y dictará sentencia. Mientras tanto,
💬 Contexto ciudadano
El sexto recurso contra el RDL 2/2025 (nº 4458-2025) consolida el panorama de impugnación masiva a una norma que el Gobierno consideraba urgente e indispensable. La acumulación de seis recursos es un fenómeno político tanto como jurídico: señala la incapacidad del Ejecutivo de construir consensos previos con las CCAA antes de aprobar una norma que afectaba directamente sus competencias. La comparación con otros países europeos que han gestionado crisis similares —Grecia en 2015-2016, Italia en 2019-2022— muestra que ninguno tuvo que enfrentar litigación constitucional de este alcance precisamente porque los parlamentos nacionales tienen mayor control sobre la distribución territorial de responsabilidades migratorias. El episodio plantea si el sistema de reparto competencial autonómico español es suficientemente funcional para gestionar crisis que exigen acción coordinada urgente.