Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta norma modifica dos anexos del Real Decreto 219/2013, que establece restricciones sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Las modificaciones incorporan cuatro directivas europeas que actualizan la lista de sustancias prohibidas y las excepciones permitidas, adaptándose a los avances técnicos y para proteger la salud humana y el medio ambiente. **¿A quién afecta?** Afecta a fabricantes, distribuidores y comerciantes de aparatos eléctricos y electrónicos, productos sanitarios e instrumentos de vigilancia y control. También afecta a quienes reparan, reutilizan o reacondicionan estos productos, así como a los sectores industriales que utilizan piezas de repuesto o componentes que puedan contener sustancias restringidas. **¿Qué cambia o establece?** Añade cuatro nuevos ftalatos (DEHP, BBP, DBP y DIBP) a la lista de sustancias restringidas, con aplicación a productos sanitarios e instrumentos de vigilancia a partir del 22 de julio de 2021. Establece excepciones para cables y piezas de repuesto introducidos antes del 22 de julio de 2019, y para productos sanitarios anteriores al 22 de julio de 2021. También modifica las excepciones para el uso de plomo, cadmio y cromo hexavalente en determinadas aplicaciones como piezas de productos sanitarios, soldaduras especiales y ánodos de cadmio en sensores industriales.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 219/2013 ya regulaba sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos en España, pero esta Orden PRA/329/2017 lo actualiza mediante la incorporación de cuatro directivas europeas que amplían la lista de sustancias prohibidas —añadiendo cuatro ftalatos— y ajustan excepciones para aplicaciones específicas. Esta modificación alinea la normativa española con los estándares comunitarios, implementados también en otros Estados miembros mediante sus correspondientes transposiciones, reforzando la protección de la salud pública y ambiental. Para los ciudadanos, la restricción de estas sustancias en productos de consumo cotidiano —aparatos eléctricos, productos sanitarios— reduce su exposición a contaminantes tóxicos; paralelamente, afecta a costos de producción que pueden trasladarse a precios finales. La norma cierra una brecha regulatoria pendiente desde la aprobación de las directivas europeas, consolidando la normativa española como conforme con los estándares comunitarios vigentes.