Recurso de inconstitucionalidad n.º 4321-2025, contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
¿Qué dice esta ley?
Varios grupos políticos han llevado ante el Tribunal Constitucional un decreto-ley que el Gobierno aprobó en marzo para proteger a niños y adolescentes en situaciones migratorias de emergencia. Básicamente, cuestionan si estas medidas respetan la Constitución. La disputa afecta principalmente a la administración pública, comunidades autónomas y, indirectamente, a organizaciones que trabajan con menores migrantes. Los Gobiernos autonómicos de oposición son quienes más han recurrido, preocupados por cómo estas normas impactan en sus competencias (poderes asignados). Lo central es si el Gobierno puede usar un decreto-ley (herramienta para situaciones urgentes) en un asunto que tradicionalmente requiere una ley ordinaria aprobada en Parlamento. También se cuestiona si las medidas respetan los derechos de los menores y mantienen el equilibrio entre lo que hace el Estado central y lo que hacen las autonomías. El Tribunal Constitucional debe decidir si el decreto-ley de marzo de 2025 es válido o viola la Constitución. Mientras tanto, las medidas siguen aplicándose. Un fallo podría obligar a reescribir la norma o invalidarla completamente, alterando protocolos de atención a menores en front
💬 Contexto ciudadano
El tercer recurso contra el RDL 2/2025 (nº 4321-2025) fue probablemente interpuesto por una comunidad autónoma de signo político contrario al Gobierno, en el marco de la disputa competencial sobre la acogida de menores. La distribución de responsabilidades en materia de menores no acompañados es un caso paradigmático de las tensiones del Estado autonómico: el artículo 149.1.2 CE atribuye al Estado la competencia en inmigración, pero la protección de menores en riesgo es competencia exclusiva autonómica (art. 148.1.20 CE). Esta dualidad competencial no resuelta fue el origen de la litigiosidad política: las CCAA gobernadas por la oposición argüían que el Estado invadía sus competencias al obligarles a acoger menores. La comparación con Alemania —donde los Länder tienen competencia exclusiva en bienestar de menores pero están obligados a participar en el reparto— muestra que incluso en sistemas federales consolidados este equilibrio es difícil.