Enmiendas de 2015 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.392(95).
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una resolución internacional que modifica el Convenio SOLAS de 1974, un tratado sobre seguridad en barcos. Las enmiendas se adoptaron en Londres el 11 de junio de 2015 y establecen nuevas reglas para buques que usen combustibles con bajo punto de inflamación, como gases u otros combustibles alternativos. **¿A quién afecta?** Afecta a los gobiernos que son parte del Convenio SOLAS y a los propietarios y constructores de buques mercantes. En particular, aplica a barcos cuyo contrato de construcción sea adjudicado a partir del 1 de enero de 2017, o a cualquier buque que se transforme para usar combustibles de bajo punto de inflamación a partir de esa fecha. **¿Qué cambia o establece?** La norma añade definiciones nuevas sobre el Código IGF (seguridad para buques con gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación) y establece procedimientos para proyectos y disposiciones alternativas en las instalaciones de máquinas y sistemas de almacenamiento de combustible. Requiere análisis técnico detallado que demuestre que las alternativas ofrecen un nivel de seguridad equivalente al establecido en las reglas normativas, con criterios de funcionamiento cuantificables y evaluación de riesgos.
💬 Contexto ciudadano
El Convenio SOLAS 1974 regulaba la seguridad marítima sin disposiciones específicas para combustibles alternativos de bajo punto de inflamación. Las enmiendas de 2015 responden a la descarbonización del transporte marítimo global, alineándose con directivas UE como la 2014/94/UE sobre infraestructuras de combustibles alternativos. España, como signatario del Convenio, implementó estas enmiendas junto a la mayoría de países marítimos; algunos estados ribereños mantienen estándares más estrictos nacionales. La innovación importa al ciudadano indirectamente: mejora la seguridad de cargas y pasajeros en buques que transportan mercancías hacia puertos españoles, y favorece que empresas navieras españolas adopten tecnologías limpias sin perder competitividad internacional al exigirse equivalencia técnica demostrada, no meras prohibiciones.