Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se establece su régimen de protección, uso y gestión.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que amplía los límites del Parque Natural Lago de Sanabria y cambia su nombre a Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. El parque se sitúa en el noroeste de Zamora, en una zona de montaña media y alta con picos de más de 2.000 metros, valles profundos, ríos, lagunas glaciares, bosques variados y turberas. Destaca el lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica, junto con numerosas especies de aves y mamíferos amenazados, valores geomorfológicos importantes y patrimonio histórico y cultural significativo. **¿A quién afecta?** Afecta a los ciudadanos y poblaciones que habitan en la zona del parque, a los propietarios de terrenos dentro de sus nuevos límites, a los usuarios del espacio natural y a quienes realicen actividades económicas, recreativas, científicas o educativas en el área. También afecta a la administración autonómica, que debe gestionar y proteger el territorio conforme a esta ley. **¿Qué cambia o establece?** La ley amplía la superficie del parque de 22.679 hectáreas a aproximadamente 32.302 hectáreas, modificando sus límites territoriales y su denominación. Establece como objetivos prioritarios conservar ecosistemas, paisajes, biodiversidad, flora y fauna, además de hacer compatible esta protección con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales. Define el régimen de protección, uso y gestión del parque para garantizar la conservación de sus valores naturales mientras permite usos tradicionales y actividades compatibles con la protección.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, el Parque Natural Lago de Sanabria existía desde 1980 con límites más reducidos (22.679 hectáreas). La ampliación de 2017 responde a una tendencia generalizada en España y la Unión Europea de reforzar la protección de espacios naturales conforme a la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y la Red Natura 2000. Mientras que comunidades como Cataluña y Andalucía ampliaron sus espacios protegidos décadas antes, Castilla y León se adhería a esta estrategia de forma más tardía. La normativa estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 respalda jurídicamente este modelo de expansión. Para el ciudadano, la ampliación resulta relevante porque garantiza la conservación de ecosistemas únicos en la península (glaciares, turberas, especies amenazadas) mientras busca compatibilizar protección ambiental con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales.