Decreto-ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Un decreto (norma con fuerza de ley, aprobada sin pasar por el parlamento) que intenta frenar el alojamiento turístico ilegal en Baleares —viviendas que se alquilan a turistas sin autorización— y establecer reglas para que los alojamientos legales mejoren su calidad. **A quién afecta** Principalmente a propietarios de viviendas que las alquilan a turistas (ya sea legalmente o "en negro"), a plataformas como Airbnb que intermedian esos alquileres, y a los turistas que buscan alojamiento. También concierne a los ciudadanos baleares afectados por la saturación turística. **Qué cambia** Endurece sanciones contra quien ofrezca viviendas sin licencia turística. Obliga a plataformas de alquiler a colaborar con la administración para identificar y retirar anuncios ilegales. Establece requisitos de calidad (seguridad, limpieza, servicios) para los alojamientos autorizados. Busca reducir la vivienda turística no regulada que quita casas al mercado residencial. **Cuándo entra en vigor** El 11 de abril de 2025. Se trata de medidas transitorias, es decir, pensadas para aplicarse durante un tiempo limitado mientras se desarrolle
💬 Contexto ciudadano
El turismo ilegal en Baleares es un problema estructural que ha generado conflicto entre el sector hostelero formal —que soporta cargas regulatorias y fiscales— y los propietarios particulares que alquilan viviendas a través de plataformas digitales sin licencia. La regulación balear es pionera en España y ha servido de modelo para otras CCAA: la Ley de turismo de 2012 ya intentó controlar este fenómeno, con limitaciones. El decreto-ley de 2025 endurece sanciones y obliga a las plataformas digitales a colaborar en la identificación de ofertas ilegales, siguiendo el Reglamento europeo sobre alojamiento a corto plazo (DSA Accommodation) que la Comisión Europea está desarrollando. La comparación con Ámsterdam —que limitó los días de alquiler a 30 al año— o con Berlín —que llegó a prohibir el alquiler turístico en zonas tensionadas— muestra que Baleares sigue una tendencia europea de restricción creciente del mercado de alojamiento turístico no reglado.