Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Renta de Ciudadanía de La Rioja es una prestación económica que el Gobierno de La Rioja crea para garantizar un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos. Se establece como un derecho reconocido en las normas internacionales y en la Constitución española. Esta prestación busca combatir la pobreza y la exclusión social, tanto aquella causada por factores estructurales de marginación como la surgida por situaciones de desempleo o pérdida de ingresos debido a crisis económicas. **¿A quién afecta?** Afecta a personas y familias riojanas que se encuentren en situación de exclusión social o carencia económica. Incluye específicamente a jóvenes sin empleo ni ingresos, familias monoparentales, personas con discapacidad, trabajadores que han perdido sus empleos, y cualquier ciudadano cuya falta de recursos económicos le impida cubrir sus necesidades básicas y ejercer sus derechos sociales. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece una nueva prestación que complementa y mejora las ayudas anteriores de inserción social que existían. Sustituye el sistema previo de dos modalidades (IMI y AIS) por este nuevo instrumento más amplio. La Renta de Ciudadanía funciona como mecanismo de compensación económica, sistema de incentivo para la cohesión social, e impulso para la formación e inserción laboral, atendiendo tanto a situaciones de exclusión crónica y estructural como a dificultades económicas coyunturales causadas por desempleo o falta de ingresos.
💬 Contexto ciudadano
La Renta de Ciudadanía riojana (2017) reemplaza el sistema anterior de doble modalidad (IMI y AIS), consolidando un instrumento más amplio de protección social que se adelanta a la aprobación estatal del Ingreso Mínimo Vital (2020). Esta medida se alinea con directrices europeas de garantía de ingresos mínimos, aunque otras comunidades mantienen enfoques fragmentados, generando desigualdades territoriales en cobertura social. Pese a ser pionera en La Rioja, modelos similares han sido experimentados por otras CCAA como Cataluña. Para el ciudadano supone el reconocimiento legal de un derecho a subsistencia e inserción laboral, transformando prestaciones anteriores puntuales en un sistema de cobertura integral contra la exclusión estructural y coyuntural causada por desempleo o carencia económica.