Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una norma que modifica las reglas sobre cómo se certifica la eficiencia energética de los edificios en España. La norma anterior de 2013 necesitaba ajustes para cumplir correctamente con una directiva europea sobre ahorro de energía en edificios. Esta modificación actualiza principalmente qué edificios están excluidos de la certificación obligatoria y establece nuevas fechas límite para que los edificios nuevos cumplan con estándares de consumo de energía casi nulo. **¿A quién afecta?** Afecta a propietarios y compradores de edificios, así como a quienes alquilen o arrendem inmuebles. Impacta especialmente a edificios protegidos histórica o arquitectónicamente, edificios industriales y agrícolas, y viviendas que no se ocupen todo el año. También afecta a autoridades públicas que ocupan edificios protegidos. **¿Qué cambia o establece?** Amplía las exclusiones de la certificación obligatoria: ahora se excluyen más claramente los edificios protegidos por su valor histórico si mejorar su eficiencia los alteraría inaceptablemente, los edificios industriales y agrícolas de bajo consumo energético, y las viviendas ocupadas menos de cuatro meses al año. Obliga a todos los edificios nuevos a ser de consumo de energía casi nulo antes del 31 de diciembre de 2020, adelantando este plazo al 31 de diciembre de 2018 para edificios públicos. Da un plazo de tres a seis meses para que edificios protegidos obtengan y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 564/2017 actualiza el marco normativo de 2013 para alinearse con la Directiva 2010/31/UE sobre eficiencia energética de edificios, una exigencia comunitaria que todas las CCAA españolas deben transponer mediante normativa propia coordinada. La reforma mantiene la estructura certificadora estatal pero clarifica qué edificios quedan exentos—particularmente los patrimoniales, industriales y de uso estacional—, evitando así tensiones entre conservación y eficiencia que también afectan a otras jurisdicciones europeas. Mientras el estándar de "consumo casi nulo" es obligatorio en toda la UE desde 2020-2021, España adelanta su aplicación para inmuebles públicos (2018), demostrando ambición regulatoria equivalente a países como Alemania o Dinamarca. Esta modificación importa al ciudadano porque vincula certificaciones energéticas a transacciones inmobiliarias, afectando precios de venta y alquiler, al tiempo que introduce plazos estrictos para que edificios históricos acrediten eficiencia sin comprometer su integridad arquitectónica.