Resolución de 7 de julio de 2025, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
¿Qué dice esta ley?
**Qué es** Esta resolución regula cómo se publican y comunican los tratados internacionales que España firma. Establece el procedimiento para que todos tengamos acceso a estos acuerdos con otros países de forma clara y accesible. **A quién afecta** Principalmente a la Administración Pública (que debe cumplir estos pasos), pero también a ciudadanos, empresas y organizaciones que necesiten conocer los términos de tratados internacionales que afectan a sus derechos u obligaciones comerciales. **Qué cambia** Mejora la transparencia en asuntos internacionales: los tratados se publican de manera más ordenada y con información sobre su estado (si está en vigor, pendiente de ratificación, etc.). Esto facilita que cualquiera entienda qué compromisos ha adquirido España con otros países sin tener que buscar en fuentes dispersas. **Cuándo entra en vigor** La resolución es de 7 de julio de 2025, por lo que sus efectos comienzan de inmediato. Afecta a todos los tratados que se suscriban a partir de esta fecha y también organiza los ya existentes.
💬 Contexto ciudadano
La publicación y aplicación de los tratados internacionales en España se rige por la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que modernizó el marco anterior del Decreto 801/1972. El artículo 24.2 obliga a la publicación de todos los tratados en vigor en el BOE, garantizando el conocimiento de las obligaciones internacionales de España. La resolución de 2025 clarifica el procedimiento de aplicación de este precepto, resolviendo dudas interpretativas que habían surgido sobre el momento de la publicación y el tratamiento de tratados con aplicación provisional. La comparación con el sistema alemán —donde el Bundesgesetzblatt publica de forma estructurada los tratados con sus traducciones— o con el modelo francés —donde el Journal Officiel es el único canal oficial— muestra que España tiene un sistema sólido pero con margen de mejora en la accesibilidad digital de los textos de los tratados, muchos de los cuales son difíciles de localizar en formatos estructurados.