Ley 11/2017, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 10/2010, de 9 de junio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que modifica la normativa sobre empleo público en la Comunidad Valenciana. Específicamente, cambia cómo se reservan las plazas de trabajo en el sector público para personas con discapacidad, para que sea igual que en el resto de España. **¿A quién afecta?** Afecta a las personas con discapacidad que quieren trabajar en la administración pública valenciana, especialmente a las que tienen discapacidad intelectual. También afecta a la Generalitat Valenciana y sus organismos cuando convocan plazas de empleo público. **¿Qué cambia o establece?** Establece que de cada 100 plazas ofertadas en el empleo público, al menos 7 se reservarán para personas con discapacidad. De esas 7 plazas, mínimo 2 deben ser para personas con discapacidad intelectual y el resto para cualquier otro tipo de discapacidad. Esto asegura que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso garantizado al empleo público, algo que antes no existía en la legislación valenciana.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 11/2017 cierra una brecha de protección que existía en Valencia respecto a la normativa estatal. Mientras el marco nacional ya aseguraba la reserva del 7% de plazas para personas con discapacidad en empleo público, la legislación valenciana carecía de garantías específicas para discapacidad intelectual, quedando por debajo de estándares aplicados en otras comunidades autónomas. Esta modificación alinea Valencia con la obligación estatal de empleo protegido, estableciendo que de cada 100 plazas, mínimo dos se destinen a discapacidad intelectual. Para los ciudadanos con discapacidad intelectual, la norma representa un cambio sustancial: transforma el acceso al empleo público de prácticamente inexistente a garantizado, facilitando su inclusión laboral y autonomía económica en el sector público valenciano.