Decreto-ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes terrestres.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un decreto-ley que modifica la Ley de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Islas Baleares. Se aprueba de forma urgente para regular problemas que han surgido en el sector del transporte de viajeros por carretera y en el sector ferroviario, especialmente ante la llegada de la temporada estival. El decreto busca establecer reglas claras sobre transportes ilegales, competencia desleal y autorizaciones de servicios. **¿A quién afecta?** Afecta a empresas y trabajadores del transporte de viajeros en autobús, al alquiler de vehículos con conductor, a empresas de mediación en transportes, y a propietarios de inmuebles ubicados en zonas de dominio ferroviario o tranviario. También afecta a los usuarios de transporte y a los consejos insulares de las Islas Baleares, que tendrán nuevas responsabilidades en la regulación y control de estos servicios. **¿Qué cambia o establece?** Establece la obligación de contratar previamente el transporte de viajeros en autobús y prohíbe captar pasajeros en la calle. Define como infracciones ofrecer servicios de transporte sin autorización, incluso mediante páginas web. Aumenta las sanciones para servicios ilegales de transporte. Permite a los propietarios de inmuebles en zonas ferroviarias realizar mantenimiento de sus propiedades. Autoriza a los consejos insulares a crear registros y licencias para vehículos de alquiler con conductor en sus islas.
💬 Contexto ciudadano
# Párrafo de Contexto Comparativo El Decreto-ley 2/2017 de Baleares responde a la proliferación de transportes ilegales y plataformas de movilidad que operaban sin autorización en la región, problemática compartida con otras CCAA como Cataluña y Madrid, aunque sin coordinación estatal uniforme hasta entonces. Mientras la Ley 16/1987 estatal de Ordenación de Transportes establecía el marco general, las Islas carecían de medidas ejecutivas suficientes para sancionar captación callejera o servicios web no autorizados. Esta norma balear anticipa regulaciones posteriores sobre vehículos de alquiler con conductor que otras autonomías adoptarían años después, adelantándose así a conflictos entre transporte tradicional y nuevas plataformas. Para el ciudadano, el decreto prioriza protección del servicio público regulado frente a competencia desleal, garantizando que operadores formalizados compitan en equidad y que el transporte insular mantenga viabilidad económica y calidad de servicio en temporada alta.