Ley Foral 11/2017, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley que amplía una norma anterior de 2013 sobre el reconocimiento y reparación moral de personas navarras asesinadas o represaliadas durante la dictadura franquista. Esta ampliación incluye a las víctimas del robo de bebés, práctica que ocurrió entre 1936 y 1990, donde miles de recién nacidos fueron sustraídos a sus padres y entregados en falsa adopción, especialmente a mujeres políticamente significadas o en situación de vulnerabilidad. **¿A quién afecta?** Afecta a las víctimas del robo de bebés ocurrido durante la represión franquista en Navarra, tanto a los hijos e hijas robados que buscan su identidad biológica como a sus familias biológicas que fueron separadas de ellos. También afecta a las instituciones navarras, que deben colaborar en el esclarecimiento de estos hechos y en la búsqueda y reparación de las víctimas. **¿Qué cambia o establece?** Establece un Banco de ADN para comparar muestras y facilitar la identificación; crea un censo de bebés robados para facilitar la búsqueda; permite acceder a historiales médicos, libros de adopciones y expedientes de protección de menores desde 1936 a 1978; reconoce el derecho a asistencia jurídica gratuita para quienes busquen esclarecer lo ocurrido; y solicita al Estado español cambios legales para imprescribir estos delitos como crímenes de lesa humanidad.
💬 Contexto ciudadano
La Ley Foral 11/2017 amplía la norma de 2013 incorporando explícitamente el robo sistemático de recién nacidos entre 1936 y 1990, fenómeno generalizado durante el franquismo que afectó múltiples regiones. Navarra se adelanta legislativamente respecto a comunidades como Cataluña y Madrid que han respondido fragmentadamente, mientras el Estado español carece de regulación integral sobre este delito de lesa humanidad. Con mecanismos como banco de ADN, censo de víctimas y acceso a archivos, la ley satisface derechos fundamentales a la identidad y reparación moral de miles de personas, significativo porque reconoce criminalidad sistemática aún imprescrita judicialmente a escala estatal, relevante en los debates españoles sobre memoria histórica y justicia transicional.