Recurso de inconstitucionalidad n.º 4946-2025, contra la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
¿Qué dice esta ley?
**Cuestionan por inconstitucional la ley contra el desperdicio de comida** Un recurso legal impugna la normativa que obliga a reducir lo que se tira de alimentos. El tribunal constitucional debe decidir si vulnera derechos fundamentales o reparte mal las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. **Afecta a supermercados, restaurantes, productores y administraciones locales** que deben cumplir objetivos de reducción de desperdicio alimentario (menos comida a la basura). También toca a consumidores, porque potencialmente cambia cómo se venden y distribuyen alimentos. **Lo que está en juego:** Si el tribunal falla en contra, la ley se invalidaría parcial o totalmente. Eso significaría que los supermercados y restaurantes no tendrían obligaciones claras de reducir pérdidas alimentarias, o que estas se regularían de otra manera. Si falla a favor, las empresas siguen con las exigencias: donar excedentes, aplicar descuentos a productos próximos a vencer, mantener registros de desperdicio. **Está pendiente de resolución.** El recurso se presentó en 2025, así que el tribunal constitucional analizará los argumentos durante meses. Hasta que resuelva, la ley sigue en vigor y las obligaciones se mantienen activas.
💬 Contexto ciudadano
El segundo recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2025 de desperdicio alimentario evidencia la magnitud de la oposición institucional a esta norma. La presentación de dos recursos separados —probablemente por diferentes grupos parlamentarios u órganos con legitimación activa— convierte esta ley en uno de los textos más impugnados de la legislatura. La Ley francesa de Garot (2016) que sirvió de inspiración no generó litigiosidad constitucional equivalente precisamente por el carácter unitario del sistema francés. La acumulación de recursos refuerza la hipótesis de que el legislador estatal invadió competencias autonómicas en materia de distribución alimentaria y comercio. Para las empresas del sector —supermercados, cadenas de restauración, plataformas de distribución de excedentes— la incertidumbre jurídica es costosa porque han iniciado adaptaciones operativas basadas en una norma cuya validez constitucional está pendiente de decisión.