Orden FOM/935/2017, de 2 de octubre, por la que se determinan para el año 2016 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (substituido por el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), con origen o destino en las Islas Canarias.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Esta norma establece los costes tipo para el transporte de mercancías por barco y avión hacia y desde las Islas Canarias durante el año 2016. Se trata de una herramienta para determinar cuánto dinero se puede subvencionar en los transportes, compensando así los gastos extra que genera llevar productos a las islas por su lejanía del territorio peninsular y europeo. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas de transporte marítimo y aéreo que operan en las rutas entre las Islas Canarias y la península (Cádiz y Madrid), así como en los trayectos entre las propias islas. También afecta a los productos transportados que no estén incluidos en la categoría de alimentos especiales regulados por la Unión Europea. **¿Qué cambia o establece?** Fija los precios máximos que el Gobierno reconoce como costes reales del transporte para cada ruta y tipo de transporte. Establece precios diferentes según se trate de carga por kilogramo (aéreo), metro lineal, o contenedores de 20 y 40 toneladas (marítimo). Estos costes tipo sirven de referencia para calcular las subvenciones que reciben las empresas transportistas por operar en estas rutas.
💬 Contexto ciudadano
El régimen de compensación al transporte de mercancías hacia Canarias se asienta en el marco anterior del Real Decreto 362/2009, que ya reconocía la necesidad de mitigar costes adicionales derivados de la insularidad. Esta orden de 2017, que determina retroactivamente los costes tipo para 2016, continúa una política de equilibrio territorial única en España, comparable a la de Baleares pero más estructurada. A diferencia de otras comunidades autónomas, Canarias y Baleares cuentan con este mecanismo reconocido por la Unión Europea para regiones ultraperiféricas mediante sus directivas sobre ayudas regionales. El Ministerio de Fomento aprueba anualmente estos costes; sin embargo, la implementación depende de cooperación privada de transportistas. Para el ciudadano canario, estas subvenciones repercuten directamente en el precio final de productos no agroalimentarios, influyendo en la competitividad económica local y evitando desigualdades de acceso a bienes de consumo derivadas de la geografía insular.